De las personas que llegan a la frontera de México con Estados Unidos para migrar a la unión americana, uno de los grupos más vulnerados son las niñas, niños y adolescentes, quienes requieren mecanismos de prevención y justicia pronta, no solo por parte del gobierno, también de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como los residentes fronterizos.
Durante el 5° Foro de Inclusión Educativa, el cual fue organizado por estudiantes de la Escuela de Psicología en CETYS Universidad Campus Tijuana, se abordaron conferencias y panel con expertos que atienden a las personas en situación de movilidad o refugio, en ella se reflexionó que la migración es una condición humana y no se puede negar, es un derecho humano que, en el caso de las poblaciones fronterizas como Tijuana, sería como negarles el derecho a aquellos parientes por los que están asentados en esta región.
La Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanos en Baja California, acentuó cómo afectan los discursos de odio, la falta de empatía y discriminación a las poblaciones. Recordó que, en 2016 con la llegada de las poblaciones haitianas hubo solidaridad y una atención más humana de la población en general. Mientras que, con la llegada de caravanas de Centroamérica, el trato no fue el mismo, los mensajes de odio se dieron en todos los niveles y esto fue un parteaguas a que dicha población viviera en una situación de mayor riesgo.
“Se requiere de justicia pronta y expedita, es importante prevenir la violencia, fortalecer con políticas públicas, con acciones que protejan su dignidad, su salud mental como niños y niñas y adolescentes migrantes, empoderarlos de que tienen derechos humanos. Muchos de ellos en esta situación se sienten delincuentes por el hecho de ser migrantes, agachan la mirada y sienten que cometen un delito por haber llegado. Es una tarea gigante pero necesitamos prevención, así como mecanismos de justicia pronta y expedita”, expuso a los asistentes.
La Lic. Claudia Portela Crivogusov, Administradora General del Proyecto Salesiano Tijuana A.C., afirmó que los infantes son la población más expuesta a violencia, por ello se requiere mayor protección y orden, y si no existe organización y entendimiento entre el gobierno y las agrupaciones que dan refugio, serían aún más vulnerables. “No solo hablamos de extranjeros, hay poblaciones de otros estados mexicanos, repatriados. A veces tenemos que proteger a los migrantes de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, del miedo que son diferentes”.
Por parte de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, la Lic. Aide Nereida Rosales Márquez, agregó que también se debe poner atención a los estados y países expulsores, para conocer las necesidades por las cuales decidieron migrar. Así como considerar que, al llegar a las ciudades migrantes es difícil que estos denuncien abusos o situaciones que enfrenten porque el tiempo para ello es fundamental, pero no siempre están fijos en un solo refugio o campamento en su caso, lo cual también complica a las autoridades darle el seguimiento necesario.
En ese sentido, la Mtra. Sayra Karem Ochoa Juárez, quien representa la oficina de UNICEF, señaló que son conscientes que las desigualdades que viven los niños niñas y adolescentes migrantes se pueden traducir en mayor riesgo, pues en ocasiones al venir acompañados no son sujetos a derecho, sino de “objeto”, es decir que sus opiniones no son tomadas en cuenta. “Es así que así no detectamos que vienen con problemas de salud, de discapacidad o de violencia. La prevención tiene que ver desde la contratación de las personas que atienden estas poblaciones, el tema de capacitación constante, de difusión de mensajes claves. Tienen derecho a la asistencia y la justicia”, mencionó.
Los estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Psicología Infantil realizaron prácticas supervisadas en prevención, tanto con docentes expertos como con la colaboración de la subsecretaría de Derechos Humanos. El objetivo del foro fue promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, porque los derechos humanos no tienen pasaporte.
