- El Dr. José María Soberanes Díez, docente de Asignatura de la Maestría en Derecho de CETYS analiza algunos aspectos de la iniciativa que plantea exigir nacionalidad mexicana exclusiva a aspirantes a Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Ante la iniciativa de reforma que propone a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos, el Dr. José María Soberanes Díez, académico de la Maestría en Derecho de CETYS Universidad Campus Tijuana, analiza sus implicaciones y cuestiona si renunciar a otra nacionalidad realmente garantiza una mayor lealtad al país.
De acuerdo con el académico, la reforma de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, busca establecer que, quienes encabecen estos poderes ejecutivos, mantengan un vínculo político y jurídico exclusivo con México. Para ello, además de exigir la renuncia a otra nacionalidad, antes del registro de la candidatura, plantea que durante el ejercicio del cargo no puedan adquirir otra, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos vinculados con otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
“La propuesta no pretende prohibir la doble nacionalidad para la población mexicana en general, sino establecer la nacionalidad exclusiva como requisito para ocupar estos cargos, lo que implica elegir entre conservar esa nacionalidad o competir por dichos cargos”.
El especialista señaló que la nacionalidad y la lealtad son conceptos distintos: la primera constituye un vínculo jurídico, mientras que la segunda se manifiesta a través de la conducta. Una persona con una sola nacionalidad puede actuar en beneficio de intereses extranjeros, mientras que alguien con dos nacionalidades puede mantener un compromiso inequívoco con México. Por ello, considera necesario analizar si la nacionalidad exclusiva es un medio adecuado, necesario y proporcional para alcanzar el objetivo planteado.
Desde su perspectiva, la reforma atiende un vacío normativo o amplía una restricción a los derechos políticos: “el marco jurídico mexicano ya contempla restricciones para determinados cargos que requieren ser mexicano por nacimiento y que la propia exposición de motivos reconoce disposiciones y procedimientos existente”, señaló.
El Dr. Soberanes Díez apuntó que la discusión adquiere especial relevancia en los estados fronterizos, donde la doble nacionalidad puede derivar de circunstancias familiares y geográficas, más que de una decisión voluntaria.
“El caso de dos personas de una misma familia que han crecido y vivido en Tijuana, comparten vínculos culturales, familiares y políticos con México, pero una nació en esta ciudad y otra en San Diego. La diferencia en el lugar de nacimiento puede hacer que una de ellas tenga también la nacionalidad estadounidense, sin que ello determine su identificación o compromiso con el país. Así, una misma regla constitucional puede tener efectos distintos en la frontera, donde la doble nacionalidad forma parte de las circunstancias ordinarias de numerosas familias”, ejemplificó.
Sin embargo, entre los derechos que tienen estas personas con doble nacionalidad, puede otorgar una segunda nacionalidad y la existencia de una ventaja política indebida. Dependiendo de las leyes del otro país, esta puede brindar derechos de residencia, entrada, uso de pasaporte, participación política o protección consular; sin embargo, contar con ellos no representa por sí mismo una ventaja electoral en México ni constituye evidencia de una menor lealtad. En ese sentido, considera importante que el debate no se limite a la existencia de dos nacionalidades, sino que examine qué relación existe entre esa condición jurídica y las responsabilidades de quienes aspiran a encabezar un Poder Ejecutivo.
Soberanes Díez subraya que es legítimo exigir a quienes ocupan las más altas responsabilidades públicas un compromiso con los intereses nacionales, pero considera que la discusión debe centrarse en sí la exclusividad de nacionalidad es un instrumento eficaz para garantizar ello. “La Constitución debe proteger la lealtad de quienes gobiernan, pero no debería presumir la deslealtad de quienes tienen dos nacionalidades”, reflexionó..
