Es verdad que los tres niveles de gobierno están facultados para realizar auditorías o inspecciones, ya sean formales, informales, especiales y generales, para verificar los procesos que llevan a cabo las empresas, sin embargo, debe ser conforme a derecho.
El Dr. Cristóbal Hernández Tamayo, Coordinador de la Licenciatura en Administración de Empresas en CETYS Tijuana, explicó que todas las inspecciones realizadas por dependencias, federales, estatales y municipales deben sujetarse a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de lo contrario podrían ser sujetos a sanciones administrativas.
“Primero, cada inspector tiene la obligación de identificarse como funcionario público. Para garantizar su idoneidad está obligado a presentar su credencial o documento que acredite la dependencia que representa, junto con un oficio donde especifique cuál será el protocolo o procedimiento a seguir para la inspección de instalaciones, procesos y documentación”, puntualizó.
En este sentido, de no acreditarse como funcionario público de la dependencia que dice representar, la empresa puede negarse a la inspección, lo conducente será que se ponga una queja o denuncia ya sea directamente en el departamento al que representa y/o en la Secretaría de la Función Pública de cada entidad, asimismo, en el Órgano de Control Interno, donde se encargan de ejecutar el sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, controlar los procesos y procedimientos de los servidores públicos.
“Cualquier servidor público que realice diligencia debe acreditarse, se les debe informar el proceso de inspección o de auditoría que se va ejecutar y los rubros que incluyen”, mencionó.
El Dr. Cristobal Hernández Tamayo, es Coordinador de la Licenciatura en Administración de Empresas, oferta educativa de la Escuela de Administración y Negocios en CETYS Universidad, Campus Tijuana.
Por último, el Dr. Cristóbal Hernández agregó que, el contexto económico, social y de poco interés a la cultura de la legalidad, y la ausencia de procesos de asesoramiento y de consultoría en las empresas deja clara la vulnerabilidad a caer con usurpadores o inspectores falsos que buscan extorsionar a las empresas y que son denunciables de la misma forma.
