El incremento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 representa un avance en el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores; sin embargo, su impacto debe analizarse desde una perspectiva regional, particularmente en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde las dinámicas económicas difieren del resto del país, señaló el Dr. Alfredo Valadez García, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad, Campus Tijuana.
De acuerdo con el especialista, mientras que a nivel nacional el salario mínimo pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, en la franja fronteriza el aumento será de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalente a poco más de 13 mil pesos mensuales. Aunque este incremento es menor en términos porcentuales frente al promedio nacional, debe interpretarse en función del contexto socioeconómico de Baja California, una entidad con niveles de pobreza extrema considerablemente más bajos que el promedio nacional.
“El debate público suele centrarse en si el aumento al salario mínimo genera inflación, pero la evidencia reciente muestra que los efectos en los precios han sido marginales. El verdadero reto ahora es la sostenibilidad de esta política en regiones con alta integración internacional, como la frontera norte”, explicó Valadez García.
El investigador y Coordinador de la Lic. en Inteligencia de Negocios e Innovación en Campus Tijuana, recordó que, desde 2018, el salario mínimo en México ha registrado un crecimiento real superior al 100%, sin detonar un espiral inflacionario. Asimismo, destacó que este ajuste ha contribuido a la reducción de la pobreza, como lo reflejan datos oficiales, particularmente en el periodo posterior a la pandemia.
No obstante, el análisis debe ampliarse a un contexto comparativo internacional. Pese a los incrementos recientes, México continúa ubicándose en un nivel intermedio-bajo en términos de remuneraciones laborales a escala global. Comparativos de organismos multilaterales como la OCDE muestran que el país mantiene salarios promedio por debajo de la mayoría de sus países miembros y se sitúa detrás de economías latinoamericanas como Chile o Colombia cuando se analizan variables como salario por hora o poder adquisitivo, a pesar de haber mejorado su posición relativa en la región en años recientes. Esta brecha evidencia que el reto salarial en México es estructural y no se resuelve únicamente mediante incrementos al salario mínimo.
En este sentido, el académico advirtió que, si bien la política salarial ha mostrado efectos positivos, aún persisten desafíos relevantes. Entre ellos, destacó que México mantiene una amplia brecha salarial frente a Estados Unidos y Canadá, que los incrementos acelerados al salario mínimo sin mejoras paralelas en productividad podrían incentivar la informalidad y afectar principalmente a micro y pequeñas empresas, y que esta política no puede desligarse del contexto político y comercial, particularmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el caso de Baja California, Valadez García subrayó que la reducción sostenida de la pobreza extrema en los últimos años sugiere que el salario mínimo ha sido una herramienta efectiva, aunque no suficiente por sí sola. “El reto para la frontera no es solo aumentar el ingreso, sino hacerlo compatible con productividad, formalidad y competitividad internacional”, puntualizó.
Finalmente, señaló que el aumento al salario mínimo debe entenderse como parte de una estrategia económica integral, que considere las particularidades regionales y priorice el equilibrio entre bienestar social y viabilidad económica de largo plazo, especialmente en zonas altamente vinculadas al comercio internacional como la frontera norte.
